artículo

“LA FUNCIÓN HISTÓRICA DE PANAMÁ Y EL CANAL INTEROCEÁNICO”

Desde la época precolombina la privilegiada posición geográfica del istmo de Panamá, ha sido factor primordial en la determinación de nuestra función histórica, que es el “transitismo”. En tiempos inmemoriales, los pueblos originarios del Continente, cruzaban el istmo en distintas direcciones.

Luego de la llegada de Cristóbal Colón y el encuentro con los españoles durante la colonia, con el puerto de “Nombre de Dios” y posteriormente con las ferias de Portobelo, se desarrolla el eje del traslado de bienes y riquezas desde el “Nuevo Continente” hacia Europa.

A mediados del siglo XIX, durante la “fiebre del oro” en el oeste de los Estados Unidos, se construye a través del istmo el primer ferrocarril interoceánico del mundo, que permitió el tránsito de productos y personas desde la costa este, a la oeste de Norteamérica.

Los franceses intentaron unir los océanos por esta ruta sin lograrlo. Ya para el año 1889, la malaria o paludismo transmitido por el mosquito del género “Anopheles” y la mala gestión de los recursos, dieron cuenta del proyecto y también de la reputación del Ingeniero Ferdinand De Lesseps.

No obstante, tras un largo proceso político y una cruenta guerra civil, Panamá alcanza la separación de Colombia el 3 de noviembre de 1903, y un año más tarde, los Estados Unidos inician la construcción de la vía interoceánica descartando la ruta por Nicaragua y haciendo confluir al istmo miles de trabajadores de las Antillas y de todas partes del mundo, con cuya fuerza laboral, sumada al esfuerzo de los trabajadores panameños, culminan en agosto de 1914, el Canal de Panamá, potenciando de esta manera, en conjunto con el ferrocarril transistmico, el usufructo de nuestra privilegiada ubicación en el orbe.

Este logro inmenso del ingenio humano, trajo sus propias contradicciones e injusticias, reflejadas en la existencia de un “enclave colonial” en el corazón del territorio panameño, que se denominó “Canal Zone”, el cual impidió el ejercicio pleno de la soberanía nacional y el aprovechamiento por la Nación que abrió sus entrañas para tan monumental obra, del principal recurso natural del istmo: su posición geográfica.

La comprensión constructiva de las interacciones y contradicciones y su incidencia en la velocidad de marcha y la orientación de un proceso de transformaciones en su conjunto, desde una posición asertiva en un modelo de relación asimétrica entre Panamá y Estados Unidos, permitió que se fuera entendiendo el tipo de país que se debía construir o rediseñar considerando también nuestra función histórica.

Años de lucha, concienciación y dignidad expresadas de diversas maneras por distintas generaciones de panameños, reivindicaron la justicia de la causa de la soberanía. Este “alpinismo generacional” alcanzó la cima cuando el 7 de septiembre de 1977 se firman los Tratados Torrijos/Carter, que establecen los términos para la desaparición del enclave colonial y la reversión a Panamá del Canal, el ferrocarril, los puertos, las tierras y el espacio aéreo, conculcados hasta ese entonces por los Estados Unidos.

Se estructura así una nueva relación entre Estados como resultado de un acuerdo civilizado y se produce una transformación de la vieja economía en Panamá, en la que la actividad de tránsito se desarrollaba al margen de la realidad nacional, ya que operaba al interior de un “enclave” que formaba parte de un sistema administrado en función de los intereses exclusivos de los Estados Unidos.  Esto da paso a lo que algunos llamamos la nueva economía panameña, en la que el tránsito y los instrumentos que potencian nuestra posición geográfica como principal recurso natural, forman parte, ahora sí, de la economía interna y se diversifica en su contenido como en sus rutas.

En octubre de 2006, los panameños damos otro gran paso en la correcta dirección histórica y mediante un referéndum nacional, se aprueba la ampliación del Canal a través de un tercer juego de esclusas, cuyas obras iniciaron en el año 2007 y deben ser concluidas en pocas semanas a partir de esta publicación, para ser inaugurado el tránsito de las naves en junio de 2016, produciendo un impacto positivo tanto en las finanzas nacionales, como en la economía del transporte marítimo mundial.

Es la función histórica de Panamá: el “transitismo”, del que sería ilógico divorciarnos, el que debemos aprovechar en esta coyuntura propiciatoria, para fortalecer la plataforma de servicios globales, cada vez más complejos, pero que encuentran en el istmo el concurso de la creatividad, la capacidad de adaptación, la innovación y ajuste de quienes aquí habitan.

En fin, no perdamos de vista, con optimismo, que tenemos un canal de esperanzas que se abre para transitar hacia una economía articulada a la complejidad global, que requiere una educación para una sociedad distinta a la que teníamos hasta 1977. Una sociedad que debe evolucionar y descifrar oportunidades y amenazas, en un proceso de transición que precisa encontrarnos preparados para transformar la realidad y mejorar la calidad y condiciones de vida del conjunto de la sociedad, con polos de desarrollo que se articulan geográficamente en el territorio para la creación de oportunidades y de bienestar.

Panamá, 20 de abril de 2016

*Benjamín Colamarco Patiño es economista y Ex Ministro de Estado (2004 – 2009).

UNA VERDAD INOBJETABLE

Querid@s Amig@s:

Es un dicho popular que no hay que dar explicaciones de nuestra vida: quien nos quiere no te las pedirá, nuestros enemigos no nos creerán, al resto no le importan.

Pero sí hay situaciones particulares que merecen una aclaración. No ando con rodeos, no escondo ni maquillo situaciones, por eso respiro paz y defiendo vehemente la razón.

Me permito hacer esta introducción porque el día jueves pasado (sin embargo no fue hasta esta mañana que pude ver el video), el Diputado Domínguez (Arnulfista) hizo una serie de aseveraciones maliciosas en un canal de televisión, con el objeto de causar daño y confundir.

Por el respeto que  merecen y el aprecio que le tengo a cada uno de ustedes, paso a aclarar las falacias que el Diputado Domínguez esgrimió por pura mala fe.

Mintió descaradamente al decir, además con adjetivos descalificadores (los cuales omito por irrespetuosos), abro cita: “…la Cinta Costera Fase 1, fue licitada, se la ganó otra empresa y por arte de magia el MOP la echa para atrás porque no ganó la empresa que ellos querían… se eliminó un acto público para dárselo a Odebrecht…” (cierro cita).

Vamos a los hechos reales: tal como fue publicado en su momento y además fue cubierto por los medios de comunicación, el día 15 de junio de 2007, en cumplimiento estricto de la Ley 22 de Contrataciones Públicas, se llevó a cabo la licitación pública por mejor valor para el ESTUDIO, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO del Proyecto Cinta Costera y Nueva Vialidad (Fase 1).

Este fue el único acto de licitación convocado para tal fin, al cual asistieron los proponentes y los medios de comunicación. ¡El acto público nunca fue eliminado!

Se nombró una comisión evaluadora integrada por 7 destacados profesionales independientes, siendo ellos: El otrora Rector Magnífico de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ing. Salvador Rodríguez, quien la presidió; el Presidente de la SPIA de ese momento, el Ing. Martín Isaac Donderis (Q.E.P.D.); el ex Procurador de la Administración Dr. Feliciano Olmedo Sanjur; el ex Presidente de la SPIA  Arq. José Batista; el Ing. Mario Conte; la financista Magister Aracelly Méndez y el Ing. Héctor Castillo, quienes  deliberaron libres de toda presión, en la sede de la Universidad Tecnológica de Panamá, en donde hicieron las ponderaciones que establecía el pliego.

Conforme la norma y en estricto apego a la Ley y los procedimientos, ajustados a claros principios de responsabilidad, independencia y probidad, la COMISIÓN EVALUADORA hizo la adjudicación correspondiente.

Cabe destacar que el acto fue positivamente ponderado públicamente por su transparencia y apego a la Ley. Tan es así que en artículo publicado en La Prensa, el Señor Roberto Eisenmann escribe: “…el hecho positivo es el informe de la Comisión Evaluadora de la licitación de la Cinta Costera (fase 1), que dio como ganador al consorcio Odebrecht/CUSA… hay que felicitar la objetividad e independencia de la Comisión Evaluadora y al Ministro y Viceministro del MOP, quienes nombraron un grupo respetable de profesionales y lo dejaron deliberar independientemente” (La Prensa, viernes 20 de julio de 2007).

El Proyecto fue sometido a la consideración de la Comisión Municipal de Planificación Urbana, que expresó su parecer afirmativo y su aprobación en julio de 2007.

El 21 de octubre de 2007, el proyecto y el estudio de impacto ambiental, se presentaron a escrutinio público en el auditorio de la Lotería Nacional de Beneficencia, con la participación de más de 500 ciudadanos.

El día 5 de diciembre de 2007, se iniciaron los trabajos de construcción de la Cinta Costera y Nueva Vialidad (Fase 1).

Los destacados Arquitectos paisajistas panameños, de amplia trayectoria profesional y reconocida creatividad: Boris Aguilar y Alberto Arosemena, desarrollaron y supervisaron los diseños de parques, jardines, kioscos, paseos y amenidades.

Los ingenieros de la OPE/MOP inspeccionaron meticulosamente la ejecución de la obra y verificaron y firmaron las cuentas por avance de obra presentadas a los bancos privados (de Japón y EEUU) que financiaron el proyecto. Lo propio hicieron los Ingenieros del Proyecto de Saneamiento de la Bahía y el IDAAN, con relación a la obra incorporada en la Cinta Costera Fase 1, de las grandes colectoras, túneles, CI y respiraderos del saneamiento de la Bahía de Panamá, soterrados en el relleno.

No puedo dejar de mencionar como antecedente, porque me parece pertinente, que el Proyecto conceptual de Cinta Costera (Fase 1), fue presentado a la sociedad panameña a partir de agosto del año 2006, acudiendo el suscrito y el equipo  del MOP, a foros, conferencias y debates, en universidades, gremios, medios de comunicación y clubes cívicos.

Se cumplió a cabalidad con la divulgación optando por la modalidad de consulta pública, la cual cumplió con todos los términos que mandata la Ley, publicándose además los datos en periódicos de circulación nacional durante  el mes de marzo del año 2007.

En virtud de las consultas con las organizaciones, con especialistas y ciudadanos interesados, se fueron  incorporando criterios  y propuestas técnicas  específicas a la versión original del proyecto,  las cuales lo enriquecieron.  Estas propuestas, posteriormente, fueron incorporadas al pliego de cargos de la licitación.

El Diputado Domínguez entre sus tergiversaciones también dijo refiriéndose a la Cinta Costera Fase 1, abro cita: “…ese pedacito de calle” (cierro cita). Pues paso a describirles de manera muy sumaria de lo que se trata, además de los estudios, sondeos, diseños, confección de planos, consecución del financiamiento, etc.:

  1. Remoción y disposición de lama y material estéril del lecho marino a ser rellenado. Se escavó hasta 8 metros de profundidad bajo el lecho, millones de metros cúbicos.
  2. Relleno de 33.3 hectáreas de fondo de mar, para obtener una superficie ganada de trescientos treinta y tres mil metros cuadrados (333,000 m2).
  3. Construcción de 30,000 unidades de concreto armado (moles o bloques geométricos) con licencia europea conocidos como “Xblocks” para el refuerzo de la escollera.
  4. Soterrado de las utilidades públicas.
  5. Instalación bajo el relleno, de la colectora madre del Saneamiento de la Bahía de Panamá; construcción de túneles, cámaras de inspección, salas de bombas, respiraderos, etc.
  6. Construcción de 7 parques; 7 kilómetros de aceras y veredas adoquinadas unidas con los mismos; 500 bancas.
  7. Fuente étnica.
  8. Cinco pasos elevados peatonales con características de ley para personas con discapacidad.
  9. Construcción de la primera Ciclo vía en Panamá, para uso de bicicletas y patines con una longitud de 3.5 kilómetros.
  10. Canchas de juego deportivas y parque diseñado para la niñez.
  11. Cinco “gazebos” o kioscos de servicio con baños públicos y para discapacitados.
  12. Restauración de la Estatua de Vasco Núñez de Balboa.
  1. Vía de cuatro carriles en cemento portland de 3.6 kilómetros de longitud y vías de aceleración y desaceleración con señalización horizontal y vertical.
  2. Dos viaductos de cuatro carriles sobre pilas con una longitud de casi un kilómetro cada uno e intercambiadores con accesos a la avenida de los Mártires, uno, y el otro hacia la vía Israel.
  3. 1,200 estacionamientos públicos.
  4. 25 hectáreas de áreas verdes, con jardines y más de 1,000 plantones de especies nativas.
  5. Luminarias para el alumbrado público.

La inversión total en la Obra Cinta Costera y Nueva Vialidad, fase 1, fue de $180.9 millones de dólares, que incluye $12.9 millones de dólares del Saneamiento de la Bahía de Panamá, soterrados en la fase 1.

En cuanto al costo, el mismo se mantuvo, sin adendas; la Cinta Costera (Fase 1) terminó en junio de 2009 con el mismo valor con que se adjudicó, incluyendo los costos financieros.

El Proyecto de CINTA COSTERA y Nueva Vialidad (fase 1), es una obra pública que mejora sensiblemente la red vial, eso lo justifica técnicamente. Pero es mucho más que eso, es un proyecto que recupera y crea espacios públicos para la gente, áreas verdes y parques, canchas de juego y un ambiente saludable y abierto. He de decir que disfruto mucho pasar por ese emblema, ya un “ícono” de nuestra Ciudad Capital y ver a miles de panameños y visitantes con sus familias dándole uso y valor a una obra que orgullosamente es de todos.

Esa es la verdad, de cara al Sol.

Con aprecio, vuestro amigo… el de siempre

Benjamín Colamarco Patiño

www.benjamincolamarco.com

Reavaluos abusivos y los principios de la tributación

*Por Benjamín Colamarco Patiño

“Los edictos reales (referidos a los impuestos) nos afligen aun antes de conocerlos, porque hablan siempre de las urgencias del Monarca y nunca de las necesidades de la gente”, Montesquieu

 

La historia de la imposición de tributos es milenaria (desde los Cesares de Roma), pero es con la cohesión de los Estados Nacionales modernos a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, cuando la imposición adquiere sus características y el sistema tributario se consolida como fuente financiera principal de los gobiernos.

Sin embargo los ingresos tributarios no deben verse como un fin, sino como un medio que en el marco de un plan nacional de desarrollo integral y participativo, se incorporan en un presupuesto público equilibrado.

Existen principios de la imposición tributaria que deben cumplirse, partiendo del de neutralidad, que se logra cuando el Estado dispone de un conjunto de impuestos que no distorsionen las decisiones que tomen los ciudadanos y los agentes económicos.

El sistema debe estar fundado en principios de generalidad y equidad, procurando una correcta distribución de la renta y la riqueza, cumpliendo con otro principio fundamental de la tributación, el de la proporcionalidad relativa a la capacidad de pago.

El Estado debe abstenerse de intervenir de forma asimétrica o fragmentaria, afectando a sectores o estratos específicos de la vida social y económica.

La Administración anterior desatendió los criterios y principios generalmente aceptados sobre tributación. Estuvieron más preocupados por sus urgencias derivadas del desgreño y del exceso de gastos sobre los ingresos (déficit), que por las reales necesidades de la gente.

Martinelli y sus Ministros de Economía y Finanzas decidieron por sus propias “urgencias” e intereses, modificar varias veces el Código Fiscal y las normas tributarias y dispusieron el “re-avalúo masivo de oficio” en todo el país, iniciando por los Corregimientos de San Francisco; Parque Lefevre; Juan Díaz; Bella Vista; Betania; y los Distritos de Chame, San Carlos y Antón.

Al igual que con Cobranzas del Istmo, tercerizaron en pocas empresas los avalúos, las cuales establecieron zonas de re-avalúos para aumentar los valores registrados de las propiedades, a objeto de incrementar las recaudaciones, despreocupados de la afectación a los ciudadanos.

Los reavalúos realizados tienen grandes fallas legales y técnicas. La Ley es ambigua y tiene lagunas. Por ejemplo: se refieren a un supuesto valor de mercado, concepto relativo, toda vez que no hacen juicios basados en métodos medibles, a saber: condiciones de los bienes, análisis comparativo, método residual, método de coeficiente de ajuste, depreciación, etc. No es igual un inmueble a otro por condiciones físicas, espaciales, entre otras diferencias.

Con el pretexto de que el valor del inmueble consignado en el reavalúo es el de mercado y el propietario no está vendiendo, lo que están es cobrándole al ciudadano por adelantado por algo que no ha vendido.

Con estos valores desproporcionados están generando una especie de hipotecas adicionales sobre los bienes inmuebles, solo que las del banco por dar un ejemplo, son por 20 o 30 años y estas son a perpetuidad como el tratado Hay – Buneau Varilla. Esto obligaría a los ciudadanos que no dispongan de los medios necesarios para afrontar el pago incrementado del impuesto, a que vendan contra su voluntad, o correr el riesgo de que el fisco le arrebate su propiedad.

Esto no es un reavalúo masivo sino un re-avalúo ABUSIVO.

Debemos recordar que al momento que un propietario, por decisión propia, vende su inmueble, se ajustan los valores con la venta y eso ocurre cada vez que se registra una escritura de compra-venta.

El actual Gobierno, ha desatendido el clamor de la ciudadanía, de sindicatos y gremios con relación a este álgido tema, no ha derogado las resoluciones de los reavalúos masivos y además, subrepticiamente está aumentando valores de inmuebles a través de la ANATI. Y lo que es peor, pretenden trasladar este problema a las alcaldías sin resolver técnicamente y en justicia los abusos de la legislación que no han querido modificar manteniendo hasta la fecha los criterios que sobre este tema dejó la Administración Martinelli.

La solución es simple: derogar de plano las resoluciones de los re-avalúos; modificar la ley 49 de 2009 y la 8 de 2010; rebajar la tarifa, lo cual incentivaría los pagos; aumentar la exención hasta $50,000 cónsono con los valores de los inmuebles de interés social; eliminar los avalúos de oficio y establecer períodos de ajuste no retroactivos con índices inferiores a 1; hacer más eficiente la recaudación; ampliar la base o universo y medidas de ajuste para neutralizar la especulación.

*El autor es economista y ex Ministro de Estado

Panamá, 02 de octubre de 2015