País en riesgo

La Administración Martinelli-CD, ha manejado las finanzas del Estado de forma irresponsable.

La deuda pública de Panamá ha alcanzado  casi 17,000 Millones de Dólares en estos cinco años, sin considerar el pago de las obras “llave en mano”, ni las deudas contraídas por empresas públicas como la Autoridad Nacional de Autopistas; ETESA; Tocumen, entre otras, que fueron sacadas del Balance Fiscal por el actual Gobierno.

Sobre esta situación, debemos añadir el hecho de que pese a que la economía panameña ha crecido de manera regular y sostenida durante los últimos 9 años, mientras que entre los años 2005 y 2008, tuvimos superávit y se sanearon las finanzas públicas, en sentido contrario, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, los gastos públicos han sido superiores a los ingresos así: -511.7; -703.1; -765.3; -1,219.4 Millones de Dólares por año respectivamente, diferencia (déficit) que ha tenido que ser balanceada con préstamos y títulos de deuda adicionales.

La prudencia nos indica que, cuando estamos en la fase de expansión del ciclo económico (auge – crecimiento), los gobiernos deben disminuir su endeudamiento y generar ahorro corriente. Cuando los gobiernos se exceden en sus gastos, aumentando el endeudamiento más allá de lo razonable, lo que producen es una “ralentización” de la economía y su paulatino “enfriamiento”, que además puede reducir el stock de capital de la economía, cuyas consecuencias prácticas las podemos observar con lo ocurrido en las economías de Grecia y España, por mencionar sólo dos casos.

En la gestión pública, siempre debemos tener presente que la economía es cíclica, existe la fase de crecimiento (auge) y la fase de decrecimiento (contracción), que es responsabilidad del Estado definir políticas de estabilización para prever y limar las cimas y los fondos del ciclo económico, hecho que el actual gobierno del CD, desconoce.

Esto es fácilmente demostrable al constatar que a última hora y con claros intereses “electoreros”, la Administración Martinelli-CD ha procedido a adjudicar multimillonarios proyectos cuando quedan apenas pocas semanas del actual Gobierno. Esta conducta es el corolario de una perniciosa concepción del CD, de que el Estado es su negocio.

Obviamente, se está violando el espíritu de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, para no hablar de los límites que durante los períodos de elecciones, impone el Código Electoral y su reglamentación.

Comprometer más de mil millones de dólares del presupuesto del MOP, a ser pagados entre los años 2015 y 2019, como lo acaban de anunciar, es irresponsable, es un abuso de poder, que hipoteca las posibilidades de otras prioridades nacionales a ser consensuadas, dentro de un PLAN NACIONAL de DESARROLLO integral y sostenible.

Pero además, impide una formulación presupuestaria que conlleve los principios de eficiencia, equidad, transparencia, equilibrio, responsabilidad, estabilización, priorización, en el marco de políticas públicas vinculadas a una lógica del desarrollo, que el actual gobierno desconoce y que no puede imponer a futuro, conforme sus propios particulares intereses.

Pero también, el apuro de entregar órdenes de proceder para publicitar masivamente en los medios y la propaganda oficialista, implica que se den más sobrecostos y que se abulten los pagos diferidos a futuro, que ya se estiman en $835 millones para el 2014; $927 millones para el 2015; $877 millones para el 2016, sin contar las adjudicaciones que a tambor batiente están entregando en estos últimos días de gestión, que comprometerán el presupuesto hasta el año 2019.

*El autor es Economista y Ex Ministro de Estado.

Una historia común y un futuro compartido

El país debe sustentarse en valores, en principios, en objetivos superiores que direccionen la interactuación social y fortalezcan la cohesión estatal-nacional de la República.

Quienes nos identificamos con las luchas históricas de nuestro pueblo por preservar la integridad territorial del Estado, con sus aspiraciones y sacrificios, debemos reflexionar sobre el legado de los jóvenes institutores de 1964 y de todo un pueblo que con vergüenza de Patria, con sus valores fundamentales, se empinó sobre sus propias contradicciones por la soberanía, como estimuladora de propósitos.

Omar Torrijos, en su momento, supo recoger la bandera de la dignidad y con una amplia amalgama de voluntades, cumplió con el compromiso de erradicar el colonialismo de nuestro suelo patrio, recuperar nuestra plena integridad soberana y completar la escalada por la soberanía del ALPINISMO GENERACIONAL, cuya visión se hizo materia el 31 de diciembre de 1999, con la reversión plena del Canal para Panamá y la salida del último soldado extranjero de nuestra tierra.

La conquista de la soberanía plena y la eliminación de la “quinta frontera”, ciertamente fueron el producto de la acumulación de esfuerzos populares expresada en lo que hemos dado en llamar la LUCHA GENERACIONAL, que desde el mismo 18 de noviembre de 1903, fecha en que se rubrica en los Estados Unidos, el Tratado Bunau Varilla – Hay (que ningún panameño firmó), que crea el enclave colonial del “Canal Zone” y cuya vigencia pactada era a PERPETUIDAD, significó una afrenta a la dignidad nacional y una disminución de nuestra personalidad internacional, generando permanentes situaciones de conflicto y tensiones en las desiguales relaciones de Panamá con el “coloso del norte”.

La presencia colonial norteamericana, la de la discriminación racial, la del “gold roll” y el “silver roll” y los privilegios para unos pocos, enclavada en el corazón de nuestro suelo patrio, no dejó de recibir el repudio de los panameños, hecho patente con las manifestaciones populares de los grupos nacionalistas y progresistas, tanto de la juventud, los estudiantes, los trabajadores y sectores de la burguesía nacional, que veían en la “cerca oprobiosa del límite”, el avasallamiento, la prepotencia y la injusticia del colonialismo.

Cuando los estudiantes del INSTITUTO NACIONAL, la tarde del 9 de enero de 1964, deciden marchar en forma pacífica y ordenada, con la BANDERA NACIONAL como estandarte y la “cariátide” como columna simbólica que sostiene el espíritu indómito de la juventud, lo hicieron como reflejo del malestar latente que subyacía en el organismo de la nación, por el profundo desprecio de los “zonians” a nuestra dignidad como Estado Nacional.

El 7 de enero de 1963, se firma el Acuerdo Chiari – Kennedy, que establecía que en los sitios en que fuese enarbolada por las autoridades civiles de la Zona del Canal, la bandera de los  Estados Unidos, a la par debía ser izada la bandera de la República de Panamá. Los efectos de dicho Convenio, debían hacerse efectivos a partir de enero de 1964, sin embargo, en abierta violación a lo pactado e insubordinación a los mandatos de su gobierno, los “zonians” deciden no acatar el mandato contenido en el acuerdo firmado por los presidentes de ambos países.

El 3 de enero de 1964, el Sargento Carlton Bell, jefe del destacamento de la Policía “zoneíta” de Gamboa, con la abierta complicidad de sus superiores, decide no acatar las órdenes del Gobernador Fleming de la Zona del Canal, y enarbola la bandera norteamericana en la plaza de Gamboa. Dicha acción fue divulgada ampliamente por los medios de comunicación y paulatinamente imitada por estudiantes, padres de familia y otros policías de la Zona del Canal, quienes montaban guardia frente a las astas en los colegios “zoneítas”, en donde izaban solitaria la bandera norteamericana.

Cuando los estudiantes del Glorioso Instituto Nacional, se enteran del no acatamiento por parte de los “zonians” de lo pactado por ambos gobiernos, deciden que era un deber patriótico, hacer cumplir el contenido del Acuerdo Chiari – Kennedy,  pero sobre todo, reivindicar la Soberanía de Panamá sobre todo el territorio del Istmo, motivo de fondo de la discordia entre ambos países.

Los hechos que se sucedieron fueron trágicos para Panamá y su noble pueblo, 22 muertos y más de 500 heridos, bajo las balas de la policía norteamericana y la metralla del ejército más grande del mundo… y la ignominia del abuso y la infamia de los “poderosos” intereses del “stablishment” del norte.

Hoy, 50 años después, todo lo que se escriba, conlleva la idea de reivindicar a los héroes y mártires del 9 de enero, a la juventud de nuestra Patria y a todo un pueblo, que a riesgo de sus propias vidas, enfrentaron a la policía «zonian» y a la soldadesca extranjera, sólo con el pecho henchido de patriotismo y el emblema nacional en la máxima altura de la dignidad, integrando en el concepto, la culminación de esa lucha generacional, con Omar Torrijos y los Tratados Torrijos – Carter.

Lo cierto es que el CANAL es nuestro, gracias a esas luchas, a los protagonistas de la Gesta Heroica del 9 de enero y al liderazgo firme de TORRIJOS.

Digo lo anterior, porque  existe una vinculación directa entre los hechos del 9 de enero de 1964, la toma de conciencia nacional, y la abrogación total y definitiva del Tratado Bunau Varilla – Hay, que  se resume bajo el liderazgo de Torrijos, que supo interpretar y asumir las motivaciones de la juventud, y que ese Canal recuperado y los puertos recuperados, y el ferrocarril recuperado, y las tierras recuperadas, y el espacio aéreo recuperado, son los que han impulsado el crecimiento económico y la inversión que ha registrado el país desde hace más de 9 años; y que fue en el gobierno del Presidente Martín Torrijos, que se tomó la decisión soberana de ampliar ese Canal a través de un tercer juego de esclusas y con mentalidad abierta, en el año 2006, se sometió tal decisión a la voluntad popular a través de un Referéndum.

Finalmente, pienso que toda esa historia de sacrificios y luchas, de hidalguía y determinación, de patriotismo y entusiasmo, debe proyectarse hacia el futuro, desde la perspectiva de UN SOLO PANAMÁ, INTEGRADO ECONÓMICA Y SOCIALMENTE, que pone en el centro de atención, las necesidades fundamentales del ser humano.

Debemos tener presente que con el cumplimiento de los Tratados Torrijos – Carter, se produjo una transformación de la vieja economía, en otra en la que el complejo canalero, portuario y logístico se incorpora a la economía interna y se diversifica en su contenido como en sus rutas y actividades, proyectándose a su vez en un complejo sistema de servicios globales.

Esta plataforma incorporada al país desde el último día del año 1999, que ha impulsado el crecimiento económico, conlleva sus propias contradicciones, lo que implica y exige resolver las asimetrías sociales y la desigualdad, que son formas en que se expresa en el contexto actual, un proceso dinámico complejo, inequitativo y contradictorio de cambio en la sociedad, de su economía y de su cultura.

Esos son los retos que se derivan de la Gesta de los jóvenes del 9 de enero y de las etapas siguientes marcadas por Torrijos. Gestionar con claridad de propósitos la transformación de la sociedad y de su Estado, en la correcta dirección de la reforma, de la profundización y perfeccionamiento de la democracia (social, económica, política), de la justicia social, la dignidad humana y el desarrollo integral y sostenible, es el compromiso que tiene el Partido Revolucionario Democrático, en alianza con las organizaciones progresistas y los sectores independientes,  para hacer que coincidan el interés público, las políticas de Estado, con los mejores intereses generales de la Nación.

*El autor es economista y ex Ministro de Estado