Seminario Internacional: “El Catastro Urbano, Experiencias y Perspectivas en América Central»

Imaginémonos sólo por un momento que el Ingeniero y Militar Romano, Sexto Julius Frontino, después del año 41 de nuestra era, en plena expansión del Imperio Romano, no hubiera prestado atención al tema de la agrimensura y el catastro y por tanto, no nos hubiese legado uno de los documentos más importantes sobre la materia.

Ello hubiera afectado diversas cuestiones sobre la reglamentación y registro de los repartos de tierras a los colonos que seguían a la ocupación por las Legiones.

Afortunadamente la realidad fue otra. Para los Romanos la información catastral que identificaba cada parcela, el nombre de los propietarios y lotes asignados y la especificación de la categoría, origen y régimen jurídico, era fundamental. Toda esa información se registraba y se hacían dos copias: una se guardaba  en el archivo municipal o colonial y la otra se enviaba al TABULARIUM de Roma. En caso de originarse cualquier litigio, estos registros gozaban de valor oficial probatorio.

Esa información registrada para cada propietario “per capita”, dio origen al “capitum registrum” y por extensión al registro de unidades territoriales pasibles de tributar, de donde se deriva “CAPITASTRUM”, raíz etimológica común  en todas las lenguas latinas y germánicas a la palabra CATASTRO.

Con posterioridad, en el siglo XIII en Italia, también se valora la importancia del Catastro desarrollado  en algunas ciudades del norte de la península (Florencia, Siena, Pavia).

El más importante fue el Catastro de Firenze (1427-1430) que alcanzaba a Pisa, Pistoia y Arezzo. No se limitaba a inventariar y valorar las propiedades inmuebles, sino que realizaba además un censo patrimonial en un sentido muy amplio, registrando las rentas de todo tipo, el ganado, los títulos de deuda pública, el valor de los negocios, etc.

El origen del Catastro de Florencia fue considerado por Machiavello como ejemplo de las conquistas logradas en la lucha por la libertad.

Y Napoleón I, convencido de la importancia del Catastro, lo creó en Francia por Ley de 15 de diciembre de 1807, promoviendo el real desarrollo del mismo, imponiendo sus principios por todo el mundo latino.

Los trabajos del Catastro Napoleónico comenzaron en 1808 y fueron terminados en 1850 pero adolecieron de un defecto increíblemente no previsto, como que los registros eran inmutables, no habiéndose previsto la actualización regular de los planos, perdiendo rápidamente su valor.  Este hecho hizo que fuera necesaria una renovación total de los gráficos consignada por la Ley de 16 de abril de 1930, que demoró largos años en terminarse, cubriendo el territorio nacional de Francia.

En España, Felipe V° no se descuidó. Los desarrollos catastrales estuvieron ligados a los cambios introducidos por él en la administración de la Corona de Aragón a principios del Siglo XVIII.

Las nuevas contribuciones se basarían en un único impuesto, de carácter directo y repartido entre los contribuyentes de acuerdo a su riqueza (como capacidad tributaria), planteándose la necesidad de obtener una información sistemática sobre la riqueza que poseía cada pueblo y cada vecino, para la que no existía otro procedimiento que levantar un catastro.

La realización más importante de esa reforma fiscal borbónica fue el llamado Catastro de Patiño.

El Superintendente de Cataluña, José Patiño Rosales, convencido de su importancia y valor, dictó las Normas Generales para la aplicación del Catastro en Cataluña el 15 de octubre de 1716, pasando a ser ese Catastro de Cataluña la referencia obligada de los Catastros Españoles y de manera muy especial en el intento de reforma global del sistema de la Corona de Castilla del Marqués de la Ensenada (1749-1756).

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que las transformaciones y modernizaciones de los países, han ido ligados indisolublemente al desarrollo del catastro como institución pública al servicio de los más altos valores de igualdad en el cumplimiento de las obligaciones, de respeto a los derechos de tenencia, explotación y transmisión de bines inmuebles.

En Panamá, la última vez que se hizo algo institucional en materia catastral fue en 1973. Vale  decir que cargamos con muchos años de atraso; de procesos engorrosos y procedimientos lentos y excesivamente burocráticos; de manuales obsoletos; de marco legal anacrónico y normas desactualizadas; de carencia de respaldo y herramientas tecnológicas; de inacción y ausencia de una cultura de la calidad del servicio.

Hoy, a nueve meses de instalado el nuevo Gobierno, podemos decir con legítimo orgullo, Gracias Señor Presidente Torrijos por habernos conferido esta oportunidad; por permitirnos enfrentar junto a un equipo de valiosos profesionales, la misión y el reto de promover la renovación general del Catastro en nuestro país y por valorar y reivindicar su importancia. Esto constituye una señal de que las cosas han cambiado, de que existe una nueva mentalidad y una actitud diferente para con la Institución.

Con valentía, determinación y alto sentido de responsabilidad, por encima de la búsqueda del aplauso fácil, el Gobierno Nacional ha emprendido desde sus inicios, la ejecución de la reforma y modernización del Estado y sus instituciones, haciéndolo más transparente, eficaz y profesional, dando los pasos iniciales para transformar la gestión pública, volviéndola más eficiente, para ponerla al servicio de los ciudadanos y contribuyentes, ampliando el sistema de garantías, fortaleciendo la estructura que permitirá el desarrollo de la política social y de la política económica, en función del bienestar de la población.

En ese contexto, ha de jugar un papel importante, horizontal y trasversal, la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales y esto es así, porque el Estado en aras de un cometido básico de salvaguarda del interés público debe controlar la información base de la fiscalidad inmobiliaria  de uso básico en cualquier plan serio de desarrollo.

El catastro deberá brindar un sistema de identificación bajo normas uniformes, de las unidades  que integran el patrimonio inmobiliario del país.

Deberá además, ser utilizado como proveedor de información  básica para el planeamiento y esa información deberá mantenerse en su universalidad bajo control del Estado, para evitar realizar proyecciones inadecuadas.

Por esta razón y dentro del proceso de modernización de la gestión pública que adelanta la Administración Torrijos, caminamos hoy en procura de transformar el Catastro en la dirección de un Catastro moderno Multifinalitario, que lo despegue de un concepto finalista y sólo fiscalista, para llevarlo hacia un concepto universal de base de datos territoriales para el Estado y su planificación.

La Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales que queremos, por sus características no puede limitarse a cumplir únicamente con levantar el inventario o censo o padrón estadístico de fincas rurales y urbanas, asignándoles valores, sino que debe ser una organización destinada a brindar información sobre el territorio y gerenciar las modificaciones de las unidades inmobiliarias fundamentales. Esta información debe servir de base para todo trabajo de planificación que tenga como objeto o medio de desarrollo, el territorio y su potencial.

Así podemos definir el catastro que queremos estructurar como el sistema nacional de información sobre los bienes inmuebles, organizado sobre base predial, de naturaleza geométrica y demostrativa, orientado a un uso multifinalitario, que mejore con equidad las recaudaciones fiscales; la seguridad tenencial; facilite la descentralización y sirva para la planificación del desarrollo económico y el ordenamiento territorial.

Deberá comprender la recopilación, procesamiento y conservación de los datos necesarios para organizar y mantener actualizado el conjunto de documentos que describen dichos bienes, atendiendo a sus características geométricas o geoespaciales, económicas y su destino real o potencial.

La Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales, deberá  poder brindar esos datos o la forma ordenada de acceder a ellos, tanto a las instituciones del Estado, como a los contribuyentes, usuarios e inversionistas, permitiendo así un importante ahorro  directo por el simple hecho de tener la información a disposición; y un ahorro más importante aún en tiempo y esfuerzo malgastado de técnicos, inversionistas y profesionales que deben dedicarse al relevamiento  de datos, en detrimento de sus cometidos más elevados del análisis, la gestión y el planeamiento.

Por la importancia y trascendencia del tema, por la dinámica de los cambios, como hemos podido ver, y por la necesidad de conocer otras experiencias que nos sirvan de orientación y referencia; intercambiando ideas y conocimientos,  es que hemos organizado, en asocio con el Lincoln Institute of Land Policy, a quienes extendemos públicamente nuestro más sincero agradecimiento,  este primer seminario internacional sobre CATASTRO URBANO.

Con el permiso de ustedes, hemos querido aprovechar tan distinguido marco para que el Excelentísimo Señor Martín Torrijos, Presidente de la República de Panamá, haga entrega a los representantes de asociaciones, gremios, y universidades involucradas en los temas  inmobiliarios y de información geográfica, de las Gacetas Oficiales contentivas del primer paquete de normas promulgadas sobre aspectos catastrales. Estas normas fueron modificadas, mejoradas y actualizadas dentro del proceso de modernización y perfeccionamiento iniciado el 1 de septiembre del año 2004, siguiendo los lineamientos del Presidente Torrijos, en procura de brindar un servicio más ágil, eficiente y de mejor calidad para nuestros usuarios, inversionistas y contribuyentes.

La experiencia alcanzada durante el proceso de actualización de estas normas, ha sido extraordinaria por la capacidad de elaborar científicamente y a corto plazo, los borradores de reformas y posteriormente  la organización de los talleres especializados que contaron con la participación no sólo de los funcionarios colaboradores de la Dirección, sino de los representantes autorizados de la sociedad civil, incluyendo las universidades, con quienes se debatió profundamente y se construyeron consensos. Ellos se encuentran hoy aquí con nosotros, honrándonos con su presencia.

Esta misma metodología, emplearemos en el proceso de modificación y reforma de nuestra Ley orgánica, que ya estamos elaborando y que seguramente será enriquecida con los resultados de este seminario Internacional.

Nuestra visión del Catastro Multifinalitario y de la modernización integral de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales en las que estamos empeñados, es nuestra respuesta al mandato superior de septiembre de 2004,  que asumimos apegados a claros principios de economía, responsabilidad y transparencia. Lo estamos asumiendo como se aceptan los grandes desafíos, como el desafío del poeta Apollinaire, cuando escribió:

Acercaos al abismo, les dijo.

Tenemos temor, respondieron.

Acercaos al abismo, les dijo.

Se acercaron,

El los empujó…    y salieron volando.

Hemos aceptado el desafío, sin el menor asomo de duda, porque sabemos que se extenderán nuestras posibilidades hacia el devenir…

Señoras y señores, hermanos y hermanas del exterior y connacionales, les damos la más cordial bienvenida a nuestra Patria – Patria que es sinónimo de tierra –  y los exhortamos a que hagamos de este encuentro un foro del conocimiento, el intercambio y la docencia.

Buen trabajo y manos a la obra.

Dr. Benjamín Colamarco Patiño

Director General de Catastro y Bienes Patrimoniales

Panamá, Ciudad del Saber, 15 de junio de 2005.

Un Documento para la Historia

Quiero llevar al criterio de ustedes, la convicción  de nuestra inocencia, pese a que  algunos poderosos  quieren que seamos los “Chivos Expiatorios” sacrificados  a las “divinidades airadas” de los intereses extranjeros.

Yo tengo  una conciencia histórica que no puedo ni quiero acallar;  sé que muchos escucharán, pero no oirán: sus prejuicios  los hacen sordos.

También  sé que  no seremos  juzgados en derecho sino en rencor,  pero estamos  en este recinto, preparados  para presentarnos,  con la frente en alto, con  dignidad y con nuestra conciencia  tranquila,  ante quienes  han de ser nuestros “verdugos”, no nuestros jueces… y no me refiero, en este caso,  a quien coyunturalmente preside esta audiencia, que es una Dama a quien  guardamos respeto,  me refiero  a aquellos que no se atreven  a estar aquí y dar la cara  frente a nosotros,  pero sí ejercen  y ejercerán  presión  desde lo alto  y utilizarán todos los medios  a su  alcance, para que se emita concepto  condenatorio,  aunque no haya un solo elemento  probatorio  en nuestra contra,  porque no hemos cometido delito alguno… son ellos, los  de arriba, quienes no nos perdonarán jamás nuestro sincero  nacionalismo y el que hayamos denunciado al imperio… son ellos,  los de arriba, con sus prejuicios  políticos y su revanchismo enfermizo,  los verdugos.

Deseo que mis palabras  de hoy, sirvan  de estímulo para la búsqueda  de la verdad, que  ha de ser nuestra reivindicación y la dignidad de los nombres de quienes lo dieron todo,  por cumplir con la obligación  de preservar  la tierra patria de la intervención  extranjera: Ángel Benítez;  Manuel Carol; Alejandro Hubbard; Gustavo Torreglosa;  Sydney Lyons… y otros  cientos y cientos de panameños que ofrendaron  sus vidas, no por defender a un hombre, sino por defender la integridad  territorial del Estado; no por defender a un hombre, sino por defender la independencia Nacional; no por defender a un hombre, sino por defender un ideal.       Ellos no son panameños  de “tercera Categoría” como algunos oligarcas han querido hacer ver, ellos son panameños patriotas que merecen  todo el respeto.

Sucede que ahora, se han trastocado los valores, y nuestro mayor “crimen” es haber sido invadidos: tras de nosotros se lanzaron en persecución  como fieros  lebreles los “soldados extranjeros” y sus “cipayos”, y  todo ha  venido a parar aquí (a esta audiencia infame).

          Dijo una vez el  Libertador  Simón Bolívar que: “Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia, para  plagar la América de miseria, a nombre de la Libertad”.

Los gobiernos  norteamericanos, especialmente los del Partido Republicano, desde la época del “Destino Manifiesto”, de la “Doctrina Monroe” y de  la “Política del gran garrote”, han manipulado  las cosas  a su favor en América Latina y con prepotencia, han impuesto sus intereses  con la fuerza de su ejército.    Panamá ha sido víctima  de esas políticas hegemónicas, desde el “incidente de la Tajada de sandía”,  a mediados del siglo pasado, pasando por alrededor de veinte intervenciones armadas sobre nuestro territorio… hasta la gesta heroica del 9 de Enero de 1964 y llegar al genocidio perpetrado el 20 de diciembre de 1989, cuando ellos (el ejército norteamericano) cometieron el crimen más grande y terrible de toda nuestra historia.

En todas esas ocasiones, de una forma u otra,  el pueblo panameño se organizó para defender la soberanía nacional y denunciar la intervención extranjera; como también hubo quienes, por otro lado, les sirvieron a los intereses de Washington e incluso, quienes,  aun  peores, los llamaron  para que intervinieran.

El Derecho Internacional consagra el principio  de “no intervención”,  y la carta de la O.E.A. señala taxativamente que: “Ningún Estado,  tiene derecho a intervenir ni directa, ni indirectamente, ni por la razón  o pretexto que sea, en los asuntos internos y externos de otro Estado”.    Los gobiernos  de Regan y Bush, utilizando pretextos, violan el Derecho Internacional, pisotean esta norma, e invaden  nuestra Patria  ¿A cuántos inocentes  mataron a nombre de lo que algunos llaman “Causa Justa”?   Ciertamente fueron demasiados. No  existe ninguna justificación para tan  deleznable hecho.   Ellos vinieron del norte, en una noche oscura, como los ladrones, a masacrar a tres mil panameños.

La invasión fue el corolario de un plan de intervención urdido en Washington, puesto en ejecución desde 1981, pero desarrollado con mayor énfasis a partir de 1987, cuando  deciden incrementar  toda una escalda injerencísta y una campaña de agresión política, psicológica, económica, y militar, en contra de nuestro país, con el propósito de lograr la materialización de sus particulares intereses y de sus objetivos geo-estratégicos y políticos.

El gobierno del Señor Regan, primero, y el del Señor Bush, después, utilizando  su Embajada en Panamá, y al Comando Sur, casi  a diario durante 1987, desarrollaron actividades y emprendieron acciones sin cumplir  con lo que está establecido  en los Tratados Torrijos-Carter. Entre 1987 y 1988, el gobierno  de los Estados Unidos  cometió casi cien violaciones  a los tratados canaleros. Además, aumentaron arbitrariamente el pié de fuerza de su ejército acantonado en nuestro país; intervienen las comunicaciones; hacen  demostraciones  de fuerza con sus tropas y activan  ejercicios  militares  de provocación fuera de sus bases, para desembocar, en febrero de 1988, en un férreo bloqueo económico  y en el congelamiento de los fondos panameños.

Es ante estos hechos, que lesionan  la soberanía nacional y como consecuencia  de los mismos, que, amparados por el artículo 306 de nuestra Constitución, que señala claramente que: “Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado ”, en abril de 1988, en forma espontánea y voluntaria, cientos de hombres y mujeres  patriotas, de todos los estratos sociales, frente a la realidad  evidente  de la patria agredida y la independencia amenazada, le solicitan al gobierno nacional, instrucción para colaborar, en lo posible, en las tareas relativas a la defensa  de la integridad  territorial.

Con estos nobles  propósitos y no otros, Honorable Señora Juez, impulsados  por sublimes ideales de independencia y dignidad, amalgamados por el nacionalismo; el patriotismo; el anticolonialismo; el antifascismo y el Torrijismo, surgen  los heroicos Batallones de la Dignidad, conscientes  de que por encima de los personalismos y de las individualidades; por encima  del secretismo y de los intereses particulares, está  la defensa  del Estado,  la identidad y la dignidad nacionales, a toda costa, y esto es así porque no hay unidad  nacional sin Nación y no hay  Estado sin independencia.

Hoy,  quienes disminuyen nuestra independencia, nos han  traído  aquí para  enjuiciarnos  ¡¡qué ironía!! Panameños enjuiciando a panameños por sus ideas y convicciones. ¡¡Panameños enjuiciando a panameños por  defender a la Patria!!.

Estamos asistiendo a un paralelismo histórico  que se está dando en este recinto: lo mismo hicieron  con Pedro Prestán y con Victoriano Lorenzo, casi las mismas absurdas acusaciones  se esgrimieron contra ellos: que “atentaron contra  la personalidad jurídica del Estado”, “que eran bandoleros”, “que eran  ciudadanos de tercera categoría”, etc, etc.

Pero como a ellos, en realidad no nos enjuician a nosotros, nosotros somos insignificantes,  la cosa  es más grave,  se enjuicia a todos los que pretenden defender  la  integridad territorial de la Patria; se enjuicia la acumulación histórica del   “alpinismo generacional” desarrollado por nuestro pueblo.

La verdad sea dicha, son otros los que debieran  estar aquí, el mundo  entero lo sabe: ¡es el señor George  Walker Bush, quien  debería estar en este estrado!

          Nosotros estamos tranquilos, porque la historia  está de nuestro lado.

Con legítimo orgullo patriótico,  Honorable Señora Juez, damas y caballeros, podemos asegurarle que obramos  en cumplimiento  de un deber constitucional y siempre  hemos actuado  con honestidad y buena fe.

Nadie podrá  decir nunca que me ha visto “ponerle la mano encima a otro panameño” ni mucho menos podrá declarar  que me han escuchado diciendo que había que golpear a un coterráneo nuestro, quien así me acuse, miente descaradamente.

Quiero hacer oportuna la ocasión, para expresar desde esta tribuna, que, con humildad, le he pedido perdón a Dios, por los pecados que como hombre pudiese haber cometido  (“quien esté libre de pecados, que tire la primera  piedra”), pero  también  he de decir, alto y claro, que jamás podré arrepentirme de haber sido  portavoz de una posición  nacionalista básica  y de haber luchado por defender la independencia  nacional  y la integridad  territorial del  Estado,  esos principios son inclaudicables.

          …Como tampoco  me arrepiento de ser Torrijista. 

A nuestro pueblo le digo,  que tenemos  que construir  la unidad  nacional patriótica y popular, y que somos los panameños, por nosotros  mismos, sin injerencias foráneas, quienes debemos  encontrar nuestro destino; en estas ideas  hay esperanzas de que sobrevivamos como Nación.

Honorable Señora Juez:

Por Dios, por la Patria y por la verdad, declaro que   ¡SOY  INOCENTE!

Ruego a Dios por el bien de la Patria.

 

Dr. Benjamín Colamarco Patiño

Prisionero Político y de Guerra

Miembro del Directorio Nacional del

Partido Revolucionario Democrático (PRD)

Declaración Ante el Tribunal.  Panamá, Territorio ocupado, 19 de mayo de 1993.