CARTA A LA COMISIÓN 20 DE DICIEMBRE

invasión

Señores

Comisión 20 de diciembre de 1989

Ciudad.

Estimados Señores:

Sean nuestras primeras líneas portadoras de un respetuoso saludo, a la vez que formulamos votos por el logro de los objetivos que se persiguen, que ha de reivindicar la dignidad de los nombres de quienes en cualquier circunstancia, fueron víctimas de la invasión militar del ejército de los Estado Unidos o cayeron en la lucha por preservar la tierra Patria de la intervención extranjera.

De conformidad con el Artículo 1. del Decreto Ejecutivo N°121 de 19 de julio de 2016, adjunto a la presente misiva, hago llegar de manera formal a la Comisión, para su análisis y fines consiguientes, los documentos y declaraciones que a continuación detallo y explico:

  1. Certificación emitida por el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Panamá, Dr. Federico Hernández-Pimentel, de fecha 9 de agosto de 2016, por medio de la cual se deja constancia oficial de la aprobación en la 88ª. Sesión Plenaria de la Asamblea General de la ONU celebrada el 29 de diciembre de 1989, de la Resolución 44/240 “Efectos sobre la situación en Centroamérica de la intervención militar de los Estados Unidos de América en Panamá” y se adjunta copia de dicha Resolución.

El contenido de la Resolución de la ONU de la referencia, es fundamental, toda vez que de la misma se desprende con claridad que la intervención de las fuerzas armadas de los EEUU en Panamá, constituyó una “flagrante violación del derecho internacional y de la independencia, soberanía e integridad territorial de los Estados”…

  1. Nota AN/SG-697 emitida por la Secretaría General de la Asamblea Nacional el 22 de agosto de 2016, mediante la cual nos remite copia de la RESOLUCIÓN N° 11 de 15 de diciembre de 1989, con la certificación de la Subdirectora General de la Gaceta Oficial Licenciada Yexenia Ruiz, que corrobora que el documento es “FIEL COPIA DE SU ORIGINAL” y se le coloca en sus páginas como constancia el SELLO DE LA GACETA OFICIAL.

La Resolución N° 11 de 15 de diciembre de 1989, viene al caso, en orden a que expresa la voluntad política del Gobierno Nacional de la época, de querer abrir espacios de avenimiento y encontrar una fórmula de solución política interna entre panameños, sin la injerencia del gobierno de los Estados Unidos, hecho que se consigna en el contenido de dicha Resolución oficial, sin embargo, los gobiernos de los Señores Regan y Bush, desde años antes habían decidido por la opción militar en función de sus particulares intereses geo-estratégicos y hegemónicos. Cuatro (4) días después de aprobada la Resolución N°11 por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento (Poder Popular), el ejército de los Estados Unidos, sin miramiento alguno, invade a la República de Panamá, utilizando como primer pretexto: “proteger la vida de los ciudadanos norteamericanos en Panamá”…

  1. Declaración Notarial Jurada (N°11401-2016) ante el Notario 10mo. del Circuito de Panamá, Licenciado Raúl Castillo, dada por este servidor, a saber: Benjamín Colamarco Patiño, ciudadano panameño, portador de la Cédula de Identidad Personal N°8-177-682, voluntariamente, el día 25 de agosto de 2016, mediante la cual bajo la gravedad de juramento, se narra mi experiencia personal al momento de la invasión militar ordenada por el gobierno del entonces Presidente de los EEUU, George Bush, violatoria del Derecho Internacional y de la integridad territorial del Estado panameño, con su secuela de muerte y destrucción.
  2. Copia fotostática del cartoncillo de “EPW IDENTITY CARD” (identificación de “Prisionero de Guerra Enemigo”), emitido por el ejército invasor de los EEUU al ser trasladado de la cárcel militar de Fort Clayton, al Campo de Concentración de prisioneros de guerra en Nuevo Emperador, el 14 de enero de 1990.
  3. Copia del Documento emitido en mayo de 1989, por la Dirección Ejecutiva para Asuntos del Tratado (DEPAT) sobre: “La Agresión del Gobierno de los Estados Unidos contra el Pueblo de Panamá”.

Este documento detalla las violaciones al Tratado Torrijos – Carter anteriores a 1988; las violaciones al Tratado que surgen con motivo de la agresión de los Estados Unidos contra Panamá; las medidas de presión de Estados Unidos contra Panamá que contravienen las normas del Derecho Internacional; las medidas coercitivas impuestas por los Estados Unidos a Panamá y los impactos de la agresión sobre la economía y la sociedad panameña.

Adicionalmente, al efectuar sobre suelo panameño maniobras militares y demostraciones de fuerza con sus tropas y equipos bélicos a partir de 1987, los Estados Unidos violaron el deber de abstenerse de recurrir a la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de otros Estados, según lo previsto en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de la ONU.

El gobierno del Sr. Bush además violó la Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención y la Injerencia en los asuntos internos de los Estados, realizada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1981, a través de su Resolución 36/103, especialmente en los aspectos que procedo a citar: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho de intervenir o injerirse, en ninguna forma ni por ningún motivo, en los asuntos internos y externos de otros Estados” Cierro cita.

  1. Fotocopia de hojas de teletipo con lista parcial de personas que se les ordena su arresto, emitida por la Brigada de Inteligencia Militar del Comando Sur de los EEUU de fecha 6 de febrero de 1990 (“Partial List of Individuals Ordered Arrested 2/4/90).

En el listado parcial que se les adjunta, la Inteligencia Militar del Ejército de los EEUU, procede a comunicar que se ejecute el arresto de ciudadanos panameños; en el caso de esta lista parcial, se trata de los miembros del Consejo General de Estado de la República de Panamá. Fuerzas combinadas del ejército invasor, procedieron a allanar y a arrestar a todos los que aparecían en las diversas listas como “blancos de inteligencia”, violándose los derechos humanos de estos ciudadanos panameños.

  1. Copia de Documento (en inglés) redactado por “Independent Commission of Inquiry on the U.S. Invasion of Panama”, “Statement of Purpose” de 08 de febrero de 1990.

Esta comisión integrada por personalidades independientes en los EEUU, visitó Panamá a finales de enero de 1990, encabezados por el Ex Procurador de los Estados Unidos Ramsey Clark y otros destacados miembros, quienes en febrero de ese año, emitieron un primer informe independiente sobre la situación en Panamá, después de la invasión norteamericana.

  1. La Constitución panameña de 1972 vigente en 1989, en el TÍTULO XII “DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD PÚBLICA”, en el Artículo 306, indica, abro cita: “Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado”…

Esta obligación Constitucional y DEBER PATRIÓTICO, pese a las distintas reformas que ha recibido la Constitución Nacional de 1972, se ha mantenido. Por considerarlo pertinente, cito la Constitución Política de la República de Panamá, Texto conforme la publicación de la Gaceta Oficial N°25176 de 15 de noviembre de 2004: TÍTULO XII “FUERZA PÚBLICA”, Artículo 310: “La República de Panamá no tendrá ejército.  Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado”…

Siendo que es un DEBER, tomar las armas para defender la integridad territorial del Estado y la independencia nacional, cabe el reconocimiento de la Patria, a todos los ciudadanos de la República de Panamá, miembros de las Fuerzas de Defensa y de los Batallones de la Dignidad, que a riesgo de sus propias vidas, enfrentaron el bloqueo económico, la agresión y la invasión de un ejército extranjero.

Por otro lado, en la Gaceta Oficial N°26519  de 26 de abril de 2010, en el Capítulo I, en su Artículo 425, se establece, abro cita: “Quien ejecute un acto para someter la República, en todo o en parte, a un ESTADO EXTRANJERO, aminorar su independencia o quebrantar su unidad e integridad será sancionado con prisión…”

Mientras que el Artículo 427, del Código Penal panameño, indica, abro cita: “Quien mantenga inteligencia con un gobierno extranjero o con sus agentes PARA PRODUCIR HOSTILIDADES O GUERRA CONTRA PANAMÁ, FAVORECER LAS OPERACIONES MILITARES DE OTRA NACIÓN CONTRA ESTA O EJECUTE CUALQUIER OTRO ACTO QUE TIENDA A ESOS FINES será sancionado con prisión…”

En la seguridad de que las certificaciones y documentos que entregamos con la presente misiva, serán considerados en su contenido, como en sus alcances, para el cumplimiento de la importante tarea que les corresponde desarrollar, para  honra de los patriotas, inspirados por sublimes ideales de independencia y dignidad, de los caídos y del Estado Nacional, nos suscribimos no sin antes expresarles el testimonio de nuestra respetuosa y sincera consideración.

Atentamente,

Benjamín Colamarco Patiño

CIP 8-177-682

Adjunto: Lo indicado

¿Han Desaparecido las Utopías?

artículo, política

«LA DIMENSIÓN POLÍTICA DEL DESARROLLO»

En nuestra región, continuamos inmersos en una profunda, generalizada y continuada crisis, cuyos orígenes son comunes, aunque con las particularidades inherentes a la realidad e idiosincrasia de cada país. Esta crisis es sistémica e integral y se expresa en las dimensiones éticas, políticas, sociales, culturales y económicas. Sus efectos son devastadores por cuanto afecta material y moralmente a la sociedad en su conjunto y a las personas en lo particular y su reflejo más palpable se evidencia en la inequitativa distribución de la renta, con su secuela de marginalidad, exclusión social y discriminación.

Por otro lado, pareciera constatarse la desaparición de las “utopías”, por la ausencia de valores y objetivos superiores hacia el bien común. Pensamientos y propuestas aglutinadoras, con dirigentes que se destacan por sus conocimientos, coherencia y capacidades, han sido sustituidos por el oportunismo, el exacerbado espíritu de lucro, el pragmatismo mesiánico y  por la manipulación de mentes y voluntades.

Esto nos ha llevado a desdibujar la política entendida como ciencia de gobernar sobre espacios públicos comunes, o “dirección de la colectividad” desde la concepción de arte de lo posible, hasta lo que vemos hoy como degeneración de la verdadera esencia de la política, transformada en una especie de medio para el provecho personal o de los poderes fácticos, dentro de un pragmatismo desmesurado lejos del servicio, la moderación y el bien común.

La consecuencia ha sido la atomización social, el individualismo y la preeminencia de intereses de parte, elitistas, por sobre la colectividad, con un reflejo en la pérdida de identidad de los Partidos Políticos y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Factores perniciosos como el centralismo, la concentración de poder, el “burocratismo” y la falta de visión estratégica de futuro, impulsan hacia la desestructuración de la sociedad, ya debilitada por la falta de formación política y la exclusión. Hay un vacío de pensamiento que conlleva un vacío de propuestas.

Debemos propiciar la construcción de un orden nuevo, un nuevo pacto social, para una nueva sociedad, recuperando la centralidad del ser humano, la centralidad de lo social y del bien común, por sobre la centralidad del mercado. De ahí el eje cardinal del Desarrollo Humano, Integral, Incluyente, Participativo y Sostenible, que conjugue derechos, deberes y necesidades.

La regeneración democrática debe traducirse en el concepto de Estado Social Democrático de Derecho, con una profunda reforma del Estado, con mayor participación de los sectores sociales organizados y de las comunidades, en las decisiones que los afectan, con eficiencia social, regulación del mercado y políticas públicas construidas colectivamente.

Los conceptos de profesionalización de la función pública, reforma de los modelos de gestión y desarrollo deben superar las hegemonías dominantes que han caracterizado el estado actual de las cosas. Todo esto pasa necesariamente por el rediseño del aparato público, para ajustarlo a las reales demandas y atención de las necesidades de una sociedad que requiere de instituciones y procesos transparentes, efectivos y eficientes, que faciliten las actividades de producción, comercialización, generación de empleo y el acceso expedito a servicios públicos de calidad, utilizando también plataformas tecnológicas integradas, abiertas y colaborativas.

El BIEN COMÚN constituye un aspecto sustantivo y determinante en el enfoque general, conjugando elementos que tienden a la preservación de la justicia y la equidad, a la dignidad del trabajo (transformador, creador, espiritual, material), con la protección del ambiente, en una sociedad en plena revolución del conocimiento y de la información, que debe desde ese concepto fundamental del bien común y su DIMENSIÓN ÉTICA, mejorar las condiciones y la calidad de vida del conjunto de la sociedad, pero sobre todo de los estratos más débiles.

Pero también hay que propiciar la formación política, desde la escuela, la universidad, desde los Partidos; desde el núcleo básico de la familia, de manera integral, social y democrática, generando conciencia política desde una concepción amplia. No podemos dejar de mencionar la necesidad de que los Partidos, que son consustanciales a la vida democrática, al igual que otras organizaciones y movimientos, recuperen su identidad y base ideológica, que les den direccionalidad. Principios, valores, análisis crítico, programa y referencias doctrinarias claras deben ser sus elementos aglutinadores, que superen el clientelismo y el egocentrismo.

Finalmente, la necesidad de fortalecer la Democracia, debe ir aparejada a la integración Latinoamericana (anfictionía), reconociendo las asimetrías existentes en la región, pero apuntalando el esfuerzo en la identidad cultural y en los intereses comunes. Aunque bajo circunstancias y características geo-políticas diversas, el ejemplo de la Unión Europea puede ser un modelo, recordando el informe Cecchini, partiendo de la pregunta ¿Cuánto perdemos por no estar integrados?

COMENTARIOS COMPLEMENTARIOS

¿Sobre qué se fundamenta la recuperación de la dimensión política del desarrollo?

La tesis integradora debe ser la de la construcción de formas más amplias de interactuación democrática dentro de un Estado Social Democrático de Derecho, que perfeccione ordenadamente las posibilidades de participación y de representación, para lo cual, los movimientos y Partidos Políticos deben en primer lugar reivindicar su verdadera misión desde una visión programática, como interlocutores válidos de diversos estratos sociales, pero también les compete ejercer el papel de propiciadores del avenimiento en la dirección de la complementariedad de los conceptos de Democracia Social, Democracia Representativa y Democracia Participativa.

¿La sociedad debe intervenir en los asuntos internos de los partidos?

El funcionamiento y proyección de los Partidos Políticos, aunque obviamente deben contar con los más amplios consensos sociales, demandan en primera instancia un proceso interno a los propios partidos, de autocrítica (que NO “autoflagelación”) y debate sobre la recuperación de la dimensión ética de la acción política y el rescate de su identidad ideológica.

¿Cómo enfrentar el clientelismo?

Sobre el financiamiento de la actividad política, su solución desde mi concepto, debe partir de la total prohibición de aportes privados a las campañas políticas (salvo las cuotas establecidas en los Estatutos, de los inscritos en los partidos, con los topes debidos), lo que conlleva sólo el financiamiento estatal con sus respectivas regulaciones. Esto propiciaría la erradicación del clientelismo, más transparencia y fiscalización, más independencia y la recuperación del debate político y la elaboración de visiones programáticas más coherentes y profundas.

¿Estamos atravesando una crisis? ¿Cuáles son sus consecuencias?

La sociedad panameña al igual que otras en Latinoamérica, sufre las consecuencias de la crisis sistémica que se ha desarrollado durante los últimos años. Esto se expresa en una profunda desestructuración del entramado social y en la carencia de objetivos superiores. El clientelismo, la corrupción, el oportunismo, el inmediatismo, el individualismo pragmático, ha prevalecido en nuestro país, con el agravante de una deteriorada cultura política y la más rampante desideologización de los partidos políticos. La búsqueda constante del bien común y de la construcción de una sociedad ideal, de una mejor sociedad: materialmente más equitativa, políticamente más democrática y socialmente más justa, se ha puesto en entredicho por la falta de un sistema de valores fundamentales que le den viabilidad a un Estado Social y Democrático de Derecho.

Panamá, 5 de mayo de 2016

Benjamín Colamarco Patiño

 

“La Segunda Internacional y el 1 de mayo»

artículo, historia, política

Durante los debates de la Segunda Internacional, celebrada en París en julio de 1889, los Socialdemócratas, Socialistas y Laboristas, unidos en procura de objetivos comunes, a partir de la tesis de que la cuestión social era absolutamente inseparable de la política, y su solución estaba determinada y solamente sería posible en un Estado Democrático, en que la libertad política y la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores eran condiciones básicas para lograr avance y mejoramiento social, dadas las paupérrimas circunstancias de esa época, analizaron la situación por la que atravesaba la clase obrera y los antecedentes de huelgas de trabajadores en varios países.

Luego de profundas deliberaciones, aprobaron declarar el 1 de mayo como “día internacional de los Trabajadores en el Mundo”, en homenaje a los Mártires Trabajadores de Chicago y la lucha emprendida para lograr mejores condiciones en el trabajo y jornadas laborales de 8 horas.

Los Perredeistas en Panamá, miembros de la Internacional desde 1980, deberíamos ser consecuentes herederos de nuestros antecesores ideológicos miembros de la Segunda Internacional, socialistas reformistas y moderados, capaces de construir plataformas políticas amplias, conscientes de que la dialéctica expande horizontes y de que nuestro enfoque hoy debe partir del objetivo básico de crear un ambiente que, mejorando las potencialidades y capacidades de la producción en los sectores: agrícola, agro-industrial; industrial; del cooperativismo; de los servicios; del comercio; del transporte, etc.,  se instaure también una estructura propicia para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable, digna, productiva, creativa, recreativa, elevando a la vez los niveles culturales, ampliando las oportunidades para las personas, quienes así mismo han de ser los mayores protagonistas y beneficiarios del desarrollo.

1 de mayo de 2016

Benjamín Colamarco Patiño