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EL REDISEÑO DEL APARATO PÚBLICO

El contexto de complejidad y vertiginoso cambio que caracteriza la realidad actual, desafía a todos los gobiernos sin excepción, a nuevas prácticas y formas de organización para dar respuesta a las demandas crecientes de la sociedad. En este escenario, el Estado es un actor central en el proceso de producción de las políticas públicas, pero hoy, como nunca antes en la historia moderna, comparte el escenario con múltiples actores que tienen sus propios proyectos de transformación social.

Los gobiernos son demandados de forma creciente por una ciudadanía que tiene mayor poder de incidencia; basta tener presente el peso que las nuevas tecnologías de la información pusieron en manos de los ciudadanos a través de pequeños dispositivos inteligentes de comunicación, como también la de articular sus demandas a través de las redes sociales.

Gracias a la generación de conocimiento que posibilita Internet, cada vez más el conocimiento distribuido es más potente que el conocimiento individual. En este contexto, ya no se puede entender las políticas públicas como un proceso centrado en el saber experto de unos pocos; en cambio, el intercambio de datos, información y conocimiento entre los actores relevantes en cada ámbito de las políticas públicas, permite construir mejores respuestas a los crecientes desafíos que enfrentan los gobiernos. Este proceso colaborativo solo puede ser entendido en el marco de nuevas formas de liderazgo, superando los liderazgos egocéntricos característicos del siglo XX y dando paso a liderazgos socio-céntricos para potenciar la construcción colectiva.

Frente a estas transformaciones, en un espacio de producción social que se complejiza cada vez más, los gobiernos y la política enfrentan el desafío de rediseñar sus estructuras y prácticas de trabajo que fueron pensadas y diseñadas para épocas pasadas.
En un contexto de sociedad-red, el desafío es pasar de sistemas de información donde sólo la cúpula tiene el mayor grado de información, a un sistema integrado donde todos los componentes tienen acceso a la información y por ello, todos los componentes pueden elaborar respuestas a presiones o cambios del entorno. Sólo con información disponible y relevante, se encuentran las respuestas adecuadas.

La información tradicional (leyes, regulaciones, directivas, instructivos) se caracteriza por la alta despersonalización, el uso de jergas oscuras, ausencia casi de imágenes, gráficas o esquemas, ausencia de mecanismos interactivos de consulta, etc. Los movimientos del “Lenguaje Llano” o Plainlanguage – que plantea producir documentos públicos fácilmente comprensibles por los ciudadanos – han sido continuados por la experiencia en la Web, donde texto, imagen, sonido, video, audio e hiperlinks construyen una base de información multicapas, rica y abierta, que no solo apela a la lógica estructurada sino que llega a niveles de emotividad esenciales para cualquier comunicación humana eficaz.

El nuevo entorno con su complejidad y velocidad define un nuevo sistema de legitimación del juego político, en el cual un proyecto sólo es sustentable en el tiempo en la medida que logre acuerdos más amplios en un juego multiactoral. En el actual contexto, los ciudadanos no son receptores pasivos de los procesos de política, son sujetos de acción. Por ende, el proceso de gestión gubernamental implica reconocer que “allá afuera” hay muchos “otros” que tienen algo para decir.

Los sistemas democráticos se legitiman en las urnas, pero no alcanzan votaciones cada 5 años para sostener la legitimidad democrática. Esto obliga a repensar un modelo de Estado que sea permeable a las opiniones de los ciudadanos y tenga en sus diseños esquemas de transparencia, participación, colaboración y ordenamiento que permitan aprovechar la energía creativa e innovadora de los ciudadanos.

TRANSPARENCIA: ¿Por qué un gobierno transparente y con apertura de datos? Porque un gobierno que distorsiona la información no le puede pedir a la sociedad en los momentos de crisis que le tengan confianza, la confianza se gana en cada acto de gobierno.

PARTICIPACIÓN: ¿Por qué fomentar la participación ciudadana? Porque un gobierno que se encierra en los procesos de toma de decisión, no puede esperar que sus errores sean comprendidos, ni sus aciertos potenciados por los que no fueron invitados a participar en el proceso de producción de las políticas públicas.

COLABORACIÓN: ¿Por qué fomentar la colaboración? Porque un gobierno inteligente aprovecha el conocimiento distribuido en la sociedad para potenciar sus respuestas a los problemas que enfrenta. Un gobierno participativo promueve el derecho de la ciudadanía a colaborar organizada y activamente en la formulación de políticas públicas y facilitar el camino para que las administraciones públicas se beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los ciudadanos. Un gobierno colaborativo compromete e implica a los ciudadanos y demás agentes sociales en el esfuerzo por trabajar conjuntamente para resolver los problemas. Ello supone la cooperación y el trabajo coordinado no sólo con la ciudadanía, sino con las empresas, asociaciones, los gremios, los sindicatos, y permite el esfuerzo conjunto dentro de las propias administraciones, entre ellas y sus funcionarios transversalmente.

ORDENAMIENTO: ¿Por qué es necesario el ordenamiento? Porque sin un orden lógico y secuencial de instrucciones, operaciones y procesos simplificados, abiertos y ordenados, acompañados del perfeccionamiento y profesionalización de la función pública, sería muy difícil dar un salto cualitativo hacia la transformación de la estructura gubernamental.

¿Pueden los gobiernos desatender esta nueva realidad? Creemos que no, bajo el riesgo de quedar anquilosados en la inoperancia, bajo la presión de otros actores sociales. El viejo Estado “burocratista”, con una visión unidireccional, debe dejar paso al nuevo Estado “relacional”, que debe procurar articular la interacción social y en donde los aspectos intangibles como la información y comunicación son centrales para movilizar recursos públicos y privados en pos de enfrentar los problemas sociales. En esta visión, la interacción con múltiples actores es central.

En este sentido entendemos que la actitud más inteligente, es que la política, los políticos y las burocracias estatales tengan capacidad de adaptación a esta nueva realidad. Dependiendo de cuál sea la actitud de la dirigencia política, las TICs y las redes sociales pueden ser causa de su creciente deslegitimización o pueden ser un potente aliado para reconstruir la relación de los políticos y los partidos políticos como eficaces interlocutores sociales.

El desafío del PRD no es solo pensar y escribir mejores políticas públicas a favor de nuestro compromiso con los panameños y panameñas. Debemos ser capaces de gestionar una Administración Pública al servicio de un Panamá inclusivo, educado y capaz de vincularse al mundo de una manera inteligente; necesitamos pensar nuevas reglas de gestión sobre las que operan las administraciones públicas, reglas que hoy están dominadas por las rigideces, por el “burocratismo”, por la ausencia de un espíritu innovador que impiden respuestas eficaces. Debemos encarar las reformas necesarias para la apertura cooperativa con otros actores sociales.

Para ello, me atrevería a proponer cuatro (4) dimensiones para repensar las organizaciones públicas: a) fortalecer los ámbitos de conducción del Proyecto de Gobierno; b) modernizar los sistemas de gestión transversal de la administración estatal; c) incorporar la participación organizada de la ciudadanía como elemento sustantivo de las políticas públicas; d) rediseñar los sistemas de información estatal para actuar en red.

Estas ideas conllevan una nueva mentalidad y un abordaje distinto, para ir más allá de los caminos conocidos, bajo la premisa superadora de un enfoque sistémico y trans-disciplinario, es decir, considerando todas las partes que se interrelacionan, abarcando varias disciplinas de manera transversal, lejos de la vieja idea de la verticalidad departamentalizada a la que estamos acostumbrados.

Benjamín Colamarco Patiño

Panamá, 09 de mayo de 2018

“UNA SITUACIÓN GLOBAL EN EVOLUCIÓN”

Por Benjamín Colamarco Patiño

Durante los últimos siete años, Panamá y América Latina han estado atravesando por procesos que van marcando cambios en las relaciones y correlaciones socio-políticas, culturales y económicas, que se expresan multidimensionalmente. Ha habido crecimiento económico, pero hay inequidad, corrupción, autoritarismo, discriminación, prejuicios, etc., y esto no puede corregirse con las viejas ideas y menos con los métodos habituales del siglo pasado. Lo que estamos viendo es el reflejo aumentado de las manifestaciones de descontento de los ciudadanos frente al estado de situación que les toca vivir y que les resulta insatisfactorio.

La aguda crisis sistémica en que nos encontramos, también pone en entredicho la Democracia y su capacidad de ajuste y arreglo en relación a los factores internos que presionan desde la diversidad de intereses y expectativas. Pero hay una nueva dinámica y protagonistas en esta relación, los movimientos sociales no son estructuras burocráticas, sino coaliciones informales de múltiples grupos, organizaciones y sectores de la población, lo que ha producido una nueva estratificación y en consecuencia, una micro-segmentación de sus expectativas.

En América Latina y Panamá no escapa a ello, en estos últimos años, no hay una sola semana en que no aparezcan denuncias de todo tipo, crispaciones, abusos e indolencias, a lo que no es ajeno el aumento en el costo de la vida, el desbordamiento de la inseguridad; la crisis en la atención de salud y en la educación, la disminución de las capacidades productivas. Esta situación se ha traducido en malestar para con sus gobernantes y protestas. “Queremos menos despilfarro, cuando aún hay un gran déficit de viviendas y hay limitaciones para el acceso al agua potable”, decía un manifestante en la calle en Brasil hace pocas semanas.

El motor es el dolor y sufrimiento sobre todo, de los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad, pero también de una amplia clase media, que asume su fortaleza como factor sociopolítico determinante y que tiene conciencia de los riesgos que el enfriamiento de la economía, la corrupción y el alto endeudamiento implican para nuestros países.

Pero también debemos hacer otras consideraciones, los cambios tecnológicos, el aumento de la esperanza de vida, la velocidad e intensidad de los cambios, impactan en segmentos de la sociedad que viven con aprensión estos cambios que pueden afectar sus actuales estándares de vida; por ejemplo: el creciente temor a la pérdida de empleo por la globalización y automatización de los trabajos. Como sociedad sabemos que la globalización trajo aparejado mejoras en los niveles de vida en el mundo, pero hay segmentos, grupos que se sienten discriminados y afectados por esta situación.

Al parecer en momentos de crecimiento la mayor parte de la población no se cuestiona tanto la manera desigual en que esas ganancias fruto del crecimiento se distribuyen desigualmente. Sin embargo, en momentos de crisis los costos también se distribuyen desigualmente, esta vez de manera inversa, y los más vulnerables (trabajadores informales, obreros, profesionales de capas medias), pagan los más altos costos. Lo que estamos viviendo con estas manifestaciones es una reacción de descontento frente a esta distribución desigual de los costos.

Los desequilibrios producen crisis y las crisis producen frustración, dolor y sufrimiento en la gente. Desde la inmolación del trabajador informal en Túnez en noviembre del año 2011, estamos asistiendo a otro punto de inflexión en el devenir histórico de la humanidad, podríamos hablar de un cambio de época, en el contexto de una situación global en evolución, con nuevos espacios virtuales que ponen a la plaza en el ciber espacio global en tiempo real, con una viralidad inusitada; que transparenta todo a toda hora y así, las personas se auto organizan utilizando las redes sociales de acuerdo a sus demandas, preocupaciones y necesidades.

Cada día más, las personas son sujetos activos del cambio social, los crecientes movimientos sociales lo atestiguan. Hay razones compartidas para la protesta: despilfarro, exclusión social, desigualdad.

Todos luchan por servicios públicos eficientes; por un sistema de transporte que funcione; una escuela que además de acogerles les enseñe con calidad; una universidad moderna, viva, que les prepare para el trabajo futuro y el emprendimiento. Quieren viviendas dignas, empleos adecuadamente remunerados y un sistema de salud eficiente, que los prevenga de las enfermedades, donde sean tratados como personas, y también quieren que no haya mortalidad infantil.

Puedo conceptuar que a la luz de este análisis, existe un denominador común, un propósito de acción: construir caminos en pos de la JUSTICIA SOCIAL.

En fin, se exige a los Gobiernos más transparencia, más responsabilidad y menos megalomanía.

Como diría el pensador Carlos Matus: “cuando los médicos no aciertan aparecen los brujos, y en política pasa lo mismo, cuando los políticos no saben interpretar las demandas de sus pueblos y los desafíos del momento, entonces aparecen los charlatanes, los populistas y los pretendidos mesías”. Esta situación demanda un profundo llamado de atención a los Políticos y al sistema político.

*El autor es Doctor en Economía, ex Ministro de Estado y ex Vice-Presidente del PRD.

Panamá, 13 de febrero de 2018

“CINTA COSTERA, FASE 1: LOS HECHOS”

*Por Benjamín Colamarco Patiño

El día 15 de junio de 2007, cumpliendo con  la Ley 22 de Contrataciones Públicas, se llevó a cabo la licitación pública por mejor valor para el ESTUDIO, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, FINANCIAMIENTO Y MANTENIMIENTO del Proyecto Cinta Costera y Nueva Vialidad (Fase 1).

Nombramos una Comisión Evaluadora integrada por 7 destacados profesionales independientes, siendo ellos: El Rector de la UTP, Ing. Salvador Rodríguez, quien la presidió; el Presidente de la SPIA en ese entonces, el Ing. Martín Isaac Donderis (Q.E.P.D.); el ex Procurador de la Administración Dr. Feliciano Olmedo Sanjur; el ex Presidente de la SPIA  Arq. José Batista; el Ing. Mario Conte; la  Magister Aracelly Méndez y el Ing. Héctor Castillo, quienes  deliberaron libres de toda presión, en la sede de la U.T.P. haciendo las ponderaciones contempladas en el pliego de cargos.

En estricto apego a la Ley y a los procedimientos, con absoluta independencia, la COMISIÓN EVALUADORA hizo la evaluación correspondiente, asignando la puntuación ponderada a cada licitante, comunicación pública hecha en la sede de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

El acto fue positivamente ponderado públicamente por su transparencia. Tan es así que en un artículo publicado en un diario de la localidad, el Señor Roberto Eisenmann escribe: “…el hecho positivo es el informe de la Comisión Evaluadora de la licitación de la Cinta Costera (fase 1), que dio como ganador al consorcio Odebrecht/CUSA… hay que felicitar la objetividad e independencia de la Comisión Evaluadora y al Ministro y Viceministro del MOP, quienes nombraron un grupo respetable de profesionales y lo dejaron deliberar independientemente” (20 de julio de 2007).

El 21 de octubre de 2007, se presenta a escrutinio público con una participación ciudadana de más de 500 personas, el proyecto y el estudio de impacto ambiental.

Los trabajos de construcción se iniciaron el día 5 de diciembre de 2007.

Los destacados Arquitectos paisajistas panameños, Boris Aguilar y Alberto Arosemena, desarrollaron y supervisaron los diseños de parques, jardines, kioscos, paseos y amenidades.

Los Ingenieros de la OPE/MOP; los ingenieros residentes de la obra; los ingenieros de la Dirección de Ingeniería de la Contraloría, inspeccionaron meticulosamente su ejecución y firmaron las cuentas por avance de obra, presentadas a los bancos privados (de Japón y EEUU) que financiaron el proyecto.

Se construyó la escollera rellenando 33.3 hectáreas de fondo de mar, para obtener una superficie ganada de trescientos treinta y tres mil metros cuadrados (333,000 m2).

Se instaló bajo el relleno, la interceptora madre del Saneamiento de la Bahía de Panamá (construcción de cámaras de inspección, salas de bombas, respiraderos, etc.)

Se construyeron los dos viaductos sobre pilas e intercambiadores hacia la Avenida de los Mártires y la Omar Torrijos, y el otro hacia la Vía Israel y el Corredor Sur; también el puente sobre el río Mataznillo y el empalme hacia Punta Paitilla.

La inversión total en la Obra Cinta Costera y Nueva Vialidad, fase 1, fue de $180.1 millones de dólares, que incluye, si mal no recuerdo, $10.5 millones de dólares del Saneamiento de la Bahía de Panamá, por las facilidades soterradas en la fase 1. También se pagaron $9 millones de Balboas del ITBMS.

En cuanto al costo, durante la Administración Torrijos, el mismo se mantuvo, sin aumentos; la Cinta Costera (Fase 1) terminó en junio de 2009, con el mismo valor con que se adjudicó, incluyendo los costos financieros.

El Proyecto de CINTA COSTERA y Nueva Vialidad (fase 1), es una obra pública que mejora sensiblemente la red vial, esencialmente, es un proyecto que recupera y crea espacios públicos para la gente, áreas verdes, parques, canchas y un ambiente saludable y abierto.

He de decir que disfruto mucho pasar por ese emblema, ya un “ícono” de nuestra Ciudad Capital y ver a miles de panameños y visitantes con sus familias dándole uso y valor a una obra que orgullosamente es de todos.

*El autor es economista y ex Ministro de Estado

Panamá, 7 de enero de 2017