El presidente José Raúl Mulino, durante una visita oficial a Costa Rica, ha realizado una confesión que trasciende lo políticamente sensato y roza lo institucionalmente temerario. Según su propio relato, en los días previos a las elecciones de mayo de 2024, se reunió con los magistrados del Tribunal Electoral panameño y les espetó la siguiente advertencia: “si ustedes se prestan para no dejarme correr, les prendo este país por las cuatro esquinas, créanmelo” .
Esta no es una anécdota jactanciosa; es la revelación pública de una amenaza premeditada contra la máxima autoridad electoral de la nación. Confiesa haber utilizado la intimidación y la sombra del caos como herramientas de negociación política. Al hacerlo, no solo transgredió el principio de respeto a las instituciones, sino que mancilló el sagrado proceso mediante el cual el pueblo expresa su voluntad soberana.
Las disputas políticas, especialmente aquellas sobre la elegibilidad de un candidato, deben dirimirse en los estrados jurídicos, con argumentos y procedimientos, no con amenazas veladas o explícitas . La declaración de Mulino revela una peligrosa disposición a sustituir la fuerza del argumento por el argumento de la fuerza. Al prometer «prender el país», esbozó un escenario de ingobernabilidad y violencia como moneda de cambio para conseguir su objetivo personal. ¿Dónde queda el principio elemental de someterse a la voluntad de las leyes y a los veredictos de las instituciones?
Este episodio adquiere una dimensión aún más preocupante al recordar el contexto: Mulino llegó a la contienda electoral como el «delfín» de Ricardo Martinelli, quien había sido inhabilitado por el Tribunal Electoral tras una condena por blanqueo de capitales . Su candidatura fue, en esencia, una imposición de último momento . Al confesar que amenazó al Tribunal Electoral para asegurar su lugar en la papeleta, Mulino plantea una pregunta incómoda: ¿Su victoria en las urnas, aunque numéricamente legítima, está manchada en su origen por una coacción institucional? Socava la pureza de todo el proceso y valida la percepción de que su gobierno nace bajo la sombra de una elección dirigida «por control remoto» desde la embajada de Nicaragua .
El silencio del Tribunal Electoral ante esta confesión es ensordecedor .Para que la democracia no sea un cascarón vacío, las instituciones deben defender su autoridad con dignidad y firmeza. La pasividad ante una amenaza, incluso si es revelada a posteriori, erosiona la confianza ciudadana y envía un mensaje pérfido: que la intimidación puede ser un atajo viable hacia el poder.
La anécdota de Mulino no es un alarde de carácter fuerte; es la prueba de un quiebre en la ética republicana. Un presidente que gobierna después de haber coaccionado a un órgano electoral, y que luego se jacta de ello en el extranjero, no solo falta el respeto al país y al TE, sino que siembra una duda profunda sobre la legitimidad de origen de su propio mandato. Nuestro país merece más que líderes que confunden la bravata con la gobernanza y la amenaza con la política.
Benjamín Colamarco Patiño
www.benjamincolamarco.com