Por Benjamín Colamarco Patiño

El Estado tiene la responsabilidad ineludible de erigirse como el escudo protector
de los ciudadanos y sus familias. Esta misión trasciende la asistencia básica;
exige el diseño y ejecución de políticas públicas vigorosas dirigidas a erradicar la
pobreza y el hambre, atacando con determinación sus causas o raíces
estructurales, así como las diversas manifestaciones de desigualdad,
discriminación y marginación que aún fragmentan nuestra cohesión social.
Para lograr una verdadera transformación, es imperativo democratizar y ampliar
las oportunidades de ascenso social.

Debemos potenciar las capacidades de nuestra fuerza laboral, con especial
énfasis en la juventud, las mujeres y los sectores históricamente excluidos. Esto
solo es posible si situamos la educación, la ciencia, la tecnología y la
innovación en el centro de nuestra estrategia de desarrollo. Al incentivar la
tecnificación de las fuerzas productivas nacionales, no solo elevamos nuestra
productividad y competitividad, sino que fortalecemos la soberanía económica
mediante la sustitución selectiva de importaciones y la exportación de bienes con
mayor valor agregado.

Nuestra prioridad debe ser el respaldo constante a las pequeñas y medianas
empresas y a las cooperativas. Es fundamental facilitarles el acceso a
financiamiento y a la transferencia de conocimientos técnicos que les permitan
adoptar herramientas de vanguardia, protegiendo así su rol vital en la economía
nacional.

Asimismo, resulta urgente robustecer las estrategias de desarrollo agropecuario y
rural, apoyando con capacitación, tecnología y recursos, la producción agrícola y
pecuaria nacional para garantizar nuestra soberanía alimentaria, dignificando la
vida de quienes trabajan la tierra.

Desde la democracia social, el mercado no es un fin en sí mismo, sino un medio.
Debe haber crecimiento inclusivo y la iniciativa privada es un aliado estratégico del
Estado para garantizar que el desarrollo productivo genere empleo digno y
equidad ciudadana.

El sector privado y el Estado comparten la carga del bienestar en función social.
La propiedad y el capital deben beneficiar a la comunidad.

En cuanto a la inversión extranjera, esta debe ser bienvenida siempre que actúe
como un catalizador de progreso tecnológico y generación de empleo digno,
sujeta estrictamente al cumplimiento de nuestras normas sociales, ambientales y
fiscales.

Es hora de reivindicar el Estado Nacional bajo una propuesta desarrollista,
científica y profundamente patriótica, orientada a construir un futuro de equidad y
modernidad para todos.

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